La relación entre los medios de comunicación y el Ejecutivo se ha tornado conflictiva en los últimos años y desde que el exdirigente sindical, Evo Morales, asumió la presidencia.
Uno de los más conocidos impases sucedidos fue en mayo del año 2009, cuando el Jefe de Estado, llamó “pollos de granja” a los periodistas y acusó de “opositores” a los medios privados.
El año 2010, el Gobierno promulgó la Ley 045 en contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación, lo que provocó el rechazo de los medios masivos y de las organizaciones representantes de la prensa en el país. El rechazo advertía que los artículos 16 y 23 de esta norma vulneraban la libertad de expresión no solamente de los medios sino de la ciudadanía.
Los artículos en cuestión determinan que si un medio de comunicación publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento. Además se modifica el art. 281 del Código Penal, para sancionar con hasta siete años de cárcel, a quien ilegalmente restrinja o impida el ejercicio de derechos individuales por motivos de raza, origen nacional o étnico, entre otros aspectos.
En los últimos días, el presidente Evo Morales, acusó presuntamente de “flojos” a los habitantes del departamento de Santa Cruz. Los medios de prensa que publicaron estas declaraciones fueron demandados por “instigación a la división, racismo y discriminación”, según aseguraron las autoridades.
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